CDT La semana pasada, el Consejo de Ministros para la sustentabilidad aprobó el reglamento para la Ley de Humedales Urbanos, que establece lineamientos técnicos que permitan la sustentabilidad de estas áreas. La noticia fue muy bien recibida por agrupaciones ecologistas de todo el país, que ahora están expectantes respecto de la firma del Presidente, la toma de razón de la Contraloría General y la posterior publicación en el Diario Oficial, que son los pasos que faltan para establecer el reglamento.
Fuente: La Prensa Austral
Al igual que otras 35 organizaciones que forman parte de la Red Nacional de Humedales, la Agrupación Ecológica Patagónica espera con ansias la publicación de este reglamento, sobre todo por el proyecto de construcción de la vía elevada en Tres Puentes y que amenaza la biodiversidad existente.
El presidente de la organización, Humberto Gómez aseguró que “necesitamos el reglamento para ver de qué manera se exige y cómo va a funcionar el nombramiento de tal o cual humedal, en este caso, Tres Puentes, y el humedal que va a quedar categorizado como urbano dentro de la comuna. Aparte, Punta Arenas debe tener identificado todos los humedales que entrarán en esta caracterización y que van a ser protegidos por esta ley, pero de qué manera va a operar, todo eso lo entrega el reglamento que se aprobó y por eso era tan importante”, parte recalcando, y que tanto el Ministerio de Medio Ambiente o el municipio, puede postularlo, “y cuando eso ocurre, puede parar los permisos de edificación o construcción en lugares aledaños”.
Tal como sucede en otras ciudades -puso el caso de Puerto Montt- Gómez reconoció que esperan que el reglamento sea con carácter retroactivo, para así evitar proyectos que ya han sido licitados, “y que el caso que tenemos acá es especial porque es el Estado vulnerando al Estado, porque en otros lados hay rellenos de particulares, pero en muchos casos, los mismos particulares se tienen que someter, primero, a la pertinencia ambiental, para que el mismo Estado, con su organismo pertinente, en este caso el Sea (Servicio de Evaluación Ambiental), sea el que diga lo que corresponde hacer. Pero en este caso es más arbitrario todavía, porque es el mismo Estado, el Ministerio de Obras Públicas que determina sólo que no hay méritos para que se presente una pertinencia ambiental, ni siquiera le pregunta al mismo Estado, que es el que debe pedir un estudio y una evaluación. Esa es la inconsistencia que hemos peleado desde un inicio. Chile está suscrito a muchos convenios internacionales, y si así y todo el mismo Estado no es capaz de someterse a un estudio de impacto, llega a ser casi cómico. Para todos los que trabajamos en la empresa privada, la institucionalidad ambiental es frágil, pero es lo mínimo que podemos exigir a las personas que vienen y se instalan, ¿cómo el Estado mismo no se somete a lo que ellos mismos predican? Esa es nuestra gran pelea”, profundizó Humberto Gómez sobre los fundamentos que sustentan sus reclamos ante el proyecto de Tres puentes.
Es por eso que “ahora que está la ley, hay un respaldo que vamos a tener que dilucidar, a medida que transcurra el tiempo, porque es nuevo, pero a pesar de eso, tengo la plena certeza que es efectivo, es una ley del Estado; no se puede vulnerar”.
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