CDT La instancia tuvo como objetivo principal analizar el impacto de los permisos y autorizaciones en los proyectos de inversión, con un enfoque particular en su efecto sobre el crecimiento económico y el empleo.
Fuente: CChC
En el marco del proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, la Comisión de Economía del Senado, presidida por el senador Rojo Edwards, organizó un seminario que convocó a actores claves del sector público, académico y gremial.
El encuentro tuvo como objetivo analizar el impacto que los permisos y autorizaciones tienen en los proyectos de inversión, con énfasis en cómo afectan el crecimiento económico y el empleo. En este sentido, el encuentro aportó insumos clave para el proceso legislativo, que en enero comenzará la discusión de las indicaciones para, idealmente, despacharlo a ley a inicios de 2025.
El ministro Nicolás Grau abrió el seminario con una exposición sobre los aspectos generales del proyecto de ley, destacando su relevancia para la mejora de los procesos de autorización y el impulso a la inversión.
En ese sentido, el presidente de la CChC Alfredo Echavarría, aseguró que “una de las principales causas de la gran caída de inversión que ha tenido nuestro sector en los últimos diez años, son los excesivos plazos que se toman los distintos organismos en dar los permisos, y eso desalienta la inversión”.
El encuentro continuó con un diagnóstico académico, seguido de una intervención del gerente de Estudios y Políticas Públicas del gremio, Nicolás León, quién presentó un análisis sobre el impacto que la permisología tiene en el sector inmobiliario.
León destacó que la inversión en el país ha experimentado una desaceleración significativa en la última década, con una disminución de la inversión total en relación al Producto Interno Bruto (PIB), pasando del 28,5% en diciembre de 2012 al 23% en junio de 2024. En el caso del sector de la construcción, la participación en el PIB ha caído del 17,3% al 14,6% en el mismo período.
En cuanto al mercado inmobiliario, el representante gremial señaló que, aunque hubo una modesta recuperación en 2023 (10%), se proyecta un estancamiento en las ventas de viviendas para los próximos años. Para 2024 se estima una caída del 8%, mientras que en 2025 las ventas podrían aumentar un 8%, con un sesgo a la baja. Factores como las altas tasas de interés y la incertidumbre económica y laboral seguirán limitando el acceso a viviendas en propiedad a mediano plazo.
Sobre el empleo en la construcción, la asociación gremial reveló que en octubre de 2024 el número de ocupados alcanzó los 716.000 trabajadores, con un crecimiento anual de 3,7%. Sin embargo, persiste una brecha potencial de 158.000 empleos. “Pese a mejores expectativas para 2025 en infraestructura privada, resulta fundamental la recuperación de la actividad inmobiliaria, altamente intensiva en mano de obra”, explicó Nicolás León.
Uno de los aspectos relevantes abordados en el seminario fue el número de permisos que hoy son necesarios para desarrollar proyectos inmobiliarios. Según un informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) de 2019, se identificaron más de 400 permisos distintos, que pueden ser requeridos por 53 instituciones públicas para llevar adelante un proyecto de construcción. En un proyecto tipo de edificación residencial, se llegaron a identificar hasta 133 permisos.
En ese mismo informe la CNEP estimaba que un proyecto tipo inmobiliario tenía una tramitación efectiva (más allá de los plazos legales) de 841 días (2 años 4 meses, con DIA) y 1.380 días (3 años 10 meses con EIA).
“En nuestra opinión esos plazos son bastante optimistas en 2024 dado que considerando solo las diferentes etapas de los permisos edificación, el estudio realizado por la ADI y TOC-TOC detectaron un plazo promedio de 815 días en las comunas de la RM. Solo esto último, asumiendo ciertos traslapes, podría agregar al menos 1,5 años más llevando un promedio razonable a los 3,5 años (con DIA) y 5 años (con EIA)”, mencionó León.
Con el objetivo de mejorar los proceso de obtención de permisos, la CChC propuso una serie de modificaciones a la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, entre ellas, por ejemplo, está la de promover la aplicación generalizada de las Técnicas Habilitantes Alternativas (THA), exigiendo que cada servicio justifique la solicitud de permisos en función del riesgo asociado a cada caso. Además, se propone incorporar el principio de costo-efectividad, priorizando aquellas medidas que, siendo eficaces para el resguardo del objeto de protección de las autorizaciones, sean las que representan menores costos económicos, ambientales y sociales, entre otras.
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