La mayoría de esos proyectos están ligados al MOP. Otro efecto es el encarecimiento de las viviendas con y sin subsidio.
Fuente: El Mercurio
Las alzas del dólar, de los combustibles y de los fletes, que encarecen los materiales, unido a una relativa escasez de mano de obra –—que presiona los sueldos—, son algunos de los factores que están elevando los costos de la construcción.
Esta situación genera un menor inicio de nuevos proyectos, alzas en precios de las viviendas —privadas y con subsidio— y pone en riesgo la continuidad de una gran cantidad de iniciativas de infraestructura pública, afirman en el sector.
Los costos de edificación en altura subieron 15,6% anual en junio y ya suman 14 meses con incrementos de entre 10% y 20%, según datos de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
Los precios de los materiales, en tanto, cumplieron 12 meses creciendo cada mes entre 20% y 30% anual. En junio registraron un avance de 28,1%.
Antonio Errázuriz, presidente de la CChC, recuerda que “los precios de los materiales empezaron a subir por los confinamientos, la paralización de plantas productoras y el quiebre de stock que provocó la pandemia.
Luego, se sumó un explosivo aumento de la demanda, por los planes de reactivación impulsados por las principales economías del mundo, lo que ha causado problemas en la cadena de distribución de estos productos y un fuerte incremento del precio del transporte marítimo, acentuado por la depreciación del peso y la alta inflación local”.
Vicente Domínguez, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), añade que “la escasez relativa de mano de obra ha impulsado al alza las remuneraciones de los trabajadores de la construcción y de quienes trabajan en las industrias proveedoras”.
Domínguez considera que ha sido “un gran impacto” el mayor costo de construcción, pues “el sector inmobiliario está, además, recibiendo el alza de los impuestos, el aumento de las regulaciones y de las tasas de interés”. Por ello, añade, el precio de los productos sube y las ventas se contraen.
Asimismo, el representante de la ADI afirma que hoy se está deteniendo el inicio de muchos proyectos por la caída en las ventas, el efecto del escenario económico y político, y porque “la seguridad jurídica se ha debilitado”.
A la vez, indica que “la determinación de los costos de construcción hoy resulta particularmente difícil”.
Mario Álvarez, presidente de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales (ADVS), señala que los programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) como el DS19 tienen precios máximos a los cuales se pueden vender las viviendas de clase media, y uno de los efectos del mayor costo de construcción ha sido la “necesidad de subir los precios hasta el tope definido por los programas”.
Eso complica el acceso a la vivienda a familias que deben acceder a un crédito hipotecario.
Otro efecto, menciona Álvarez, es que los proyectos tienden a ubicarse en suelos más baratos y alejados o bien las superficies de las viviendas disminuyen para paliar el alza de costos de las iniciativas y que sean viables.
“Una solución planteada por la asociación al Minvu es posponer la eliminación del Crédito Especial de Empresas Constructoras o, si no es posible, cubrir esa eliminación por vía de un subsidio directo”, añade.
Pero admite que el ministerio ha aplicado mejoras en los planes con subsidios ante mayores costos.
Errázuriz sostiene que este fenómeno ha sido especialmente perjudicial para empresas que suscribieron contratos que no tienen mecanismos de reajustes, como las que trabajan con el Ministerio de Obras Públicas.
Entre los efectos de ello, indica que algunas firmas han quebrado y otras se “mantienen con dificultad o se han visto obligadas a paralizar obras”.
El timonel de la CChC señala que “hemos levantado una muestra de casi 370 proyectos de infraestructura pública con problemas de continuidad a nivel nacional, 310 de los cuales tienen como mandante al MOP.
Son iniciativas de todos los tamaños, la mayoría de las cuales están a cargo de empresas medianas y pequeñas de regiones, y que involucran obras de gran impacto para las comunidades locales”.
Sobre avances con los ministerios de Vivienda y OO.PP., para reajustar los contratos, Errázuriz comenta que “ante esta situación extraordinaria se deben aplicar medidas extraordinarias.
Pero esto no ha tenido la misma recepción en los distintos órganos del Estado.
Con el Minvu, por ejemplo, se están resolviendo los problemas pendientes y se creó un mecanismo de reajustabilidad para futuros contratos.
Con el MOP, en cambio, si bien se ha avanzado en esto último, aún no hay una respuesta satisfactoria para todos aquellos contratos que se están ejecutando y que presentan graves problemas de continuidad por el alza de los costos”.