Lo fácil es demoler y construir. La reutilización, en cambio, implica creatividad, diseño, innovación y la convergencia de diversas disciplinas en torno a la arquitectura.

Fuente: El Mostrador

La reutilización de edificios desocupados es en Chile una práctica que se abre camino desde el Estado y desde las empresas privadas desde hace muchos años. En estos veinticinco años del Día de los Patrimonios, reflexionar acerca de la necesidad de profundizar y normar más adecuadamente esta forma de hacer ciudad puede constituir una oportunidad, ya que la reutilización constituye una alternativa viable y válida para contribuir, por ejemplo, a disminuir el impacto de la industria de la construcción en el aumento de gases de efecto invernadero.

En relación con edificios de valor patrimonial, diversos países han dado algunos pasos importantes en este sentido, como es el caso del Docklands en Melbourne o el Tate Modern de Londres. En Chile, observamos edificios industriales, palacios, casonas o teatros para su reutilización. Respecto de edificios no patrimoniales, según Colliers, había unos 60 mil metros cuadrados de oficinas desocupadas solo en el centro de Santiago en 2023. Es importante señalar que edificios que presenten un buen estado estructural y material son alternativas de bajo costo y rápida ejecución, a la opción de construir uno nuevo.

Lo fácil es demoler y construir. La reutilización, en cambio, implica creatividad, diseño, innovación y la convergencia de diversas disciplinas en torno a la arquitectura. La reutilización de dichos edificios requiere un detallado trabajo de desmontaje y limpieza, y el diseño y construcción de revestimientos, terminaciones, puertas y ventanas, instalaciones eléctricas y corrientes débiles, lo que puede representar, en costo, como máximo, alrededor de un 40% de lo que podría significar un edificio nuevo de características similares, dependiendo de la complejidad de la intervención. Además, disminuye tiempo, generación de desechos, requerimiento de energía, gestiones de aprobación y contribuye a bajar ostensiblemente la generación de dióxido de carbono, con un adecuado plan de manejo de materiales y técnicas a utilizar.

En resumen, se trata de una forma de contribuir a la cultura del reciclaje, mediante la reutilización.

Para que todo esto pueda llevarse a cabo en plazos que impliquen una real ganancia de tiempo, un ahorro en dinero y un bajo impacto ambiental, algunos lineamientos básicos que deben ser impuestos por el Estado son:

Primero, moderar las exigencias administrativas de los procesos de intervención en edificios patrimoniales, ya sea los que son declarados monumentos por el Consejo de Monumentos Nacionales o los definidos como edificios de conservación por los gobiernos comunales.

Segundo, diseñar y legislar en torno a un plan de gestión estatal o comunal que permita la entrega de departamentos desocupados a familias sin vivienda y la reutilización de oficinas en este mismo sentido. En 2023, la Cámara Chilena de la Construcción estimó en 1,1 millones el déficit de viviendas en el país.

Tercero, subsidiar la adquisición de edificios no patrimoniales en desuso, para su reutilización por parte de empresas privadas o gobiernos comunales o regionales.

Cuarto, la adquisición de edificios en desuso, no patrimoniales, por parte del Estado, para llevar a cabo procesos de reutilización.

Por último, moderar las exigencias municipales cuando los edificios requieran algún tipo de permiso de edificación, para ser intervenidos. Concretamente, revisar las exigencias del permiso de remodelación, que permite la modificación interior o exterior de una edificación para adecuarla a un nuevo uso.

Un trabajo colaborativo en esta materia entre el Estado, la empresa privada, las universidades, los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil, puede aportar a recuperar este patrimonio construido, dándole un nuevo uso necesario, y mejorar la ciudad, contribuyendo, además, a eliminar focos de riesgos sociales y favoreciendo, al mismo tiempo, la sostenibilidad.

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