A contar de octubre próximo, la Calificación Energética de Vivienda (CEV) del MINVU será obligatoria para todos los proyectos inmobiliarios nuevos, lo que plantea oportunidades y desafíos para que la industria se adapte a esta nueva normativa.
Fuente: Comunicado de Prensa
Luego de utilizarse por más de 12 años de manera voluntaria, la calificación chilena para evaluar e informar la eficiencia energética de las viviendas comienza su cuenta regresiva ser obligatoria en la industria inmobiliaria. Tras la publicación del reglamento que establece el procedimiento, exigencias y condiciones del otorgamiento de la CEV, todas las viviendas nuevas en Chile, cuya solicitud de permiso de edificación o de anteproyecto sea ingresada a contar del 5 octubre de 2025, deberán contar con esta calificación otorgada por el MINVU para obtener la recepción definitiva de obras por parte de la Dirección de Obras Municipales respectiva.
Según Felipe Garcia, director de Tinsa Cono Sur, esta nueva exigencia podría representar un impulso positivo para el sector inmobiliario y la sostenibilidad. “A corto plazo, podrían surgir ajustes, pero a largo plazo, debiera fortalecer el posicionamiento de las viviendas nuevas como una alternativa más atractiva, sostenible y eficiente en términos energéticos frente al parque de viviendas usadas, lo que favorecería indirectamente sus ventas, especialmente entre compradores jóvenes, quienes valoran cada vez más el ahorro a largo plazo en costos energéticos y la reducción del impacto ambiental”.
Por su parte, desde Inmobiliaria Altas Cumbres, desarrollador que fue pionero al contar con el primer proyecto en obtener sello de la CEV en Chile, señalan que la importancia de su obligatoriedad es que se establecerá un “desde” común para todas las viviendas, “ayudando a mejorar la calidad constructiva, acompañada de los avances en la normativa térmica. Al ser una medición objetiva, real y exigible, permitirá una decisión informada para que las personas puedan decidir su compra y optar por una vivienda mejor acondicionada, reduciendo el consumo y los gastos a lo largo de su vida útil. Esto puede ser especialmente importante para aquellas familias que residen en el sur del país y en zonas con temperaturas más frías, quienes ocupan una porción significativa de sus ingresos en calefacción”, explica Cristóbal Torretti, gerente de Desarrollo de Inmobiliaria Altas Cumbres.
El ejecutivo de Tinsa agrega que la experiencia internacional también da algunas luces positivas respecto a sus beneficios. “En España, por ejemplo, la introducción de los CEE en 2013 aumentó la confianza de los compradores en las viviendas nuevas. Las unidades con clasificaciones energéticas altas (A o B), comenzaron a destacar por su capacidad para garantizar menores costos energéticos a largo plazo, superando a las viviendas antiguas, que a menudo reciben clasificaciones más bajas (E, F o G). Este cambio favoreció las ventas en el sector, aunque en su implementación inicial fue difícil medir el impacto debido a la crisis inmobiliaria que enfrentaba el país en ese momento”, señala.
Cristóbal Torreti agrega que existe el interés de la industria inmobiliaria por desarrollar este tipo de proyectos sin necesidad de una regulación que la obligue, lo que se ve reflejado en las más de 170 mil propiedades ya habían recibido una calificación energética en el país, según datos del MINVU. “Por otro lado, varias instituciones financieras están fomentando su adquisición a través de los créditos verdes”, destaca.
Respecto a los desafíos para el sector, Felipe García señala que estarán en la tarea de los desarrolladores para cumplir con los estándares energéticos, “lo que podría incrementar inicialmente los costos de construcción, especialmente en el segmento de viviendas económicas, lo que podría reflejarse en un aumento del precio final. No obstante, estos costos iniciales, además de representar una inversión hacia un mercado más competitivo, sostenible y alineado con los objetivos globales de eficiencia energética, generará beneficios económicos a largo plazo para las personas”.
El ejecutivo de Altas Cumbres coincide con este diagnóstico, argumentado la CEV impone desafíos en términos de competitividad a la industria en general, con el fin de lograr los estándares esperados sin traspasar mayores costos al producto final. “Esto requiere que tanto el sector financiero como la autoridad apoyen esta transformación, con incentivos y apoyos a la industria”. Por último, recalca que es clave que el proceso de certificación sea ágil y con parámetros claros para no obstaculizar la aprobación de los proyectos.