CDT De acuerdo a un informe de la Comisión Nacional de Productividad (CNP), la magnitud del deterioro de este aspecto en el sector se estima en torno a un 14% desde el año 2000, con una caída anual de 1% en su productividad total.
El mismo documento entrega un conjunto de 53 recomendaciones específicas en los ámbitos de políticas públicas y regulatorias y políticas sectoriales que requieren la acción conjunta de los actores del sector.
Aspectos como los tiempos en la aprobación o rechazo de proyectos, exploración minera, continuidad operacional, recurso humano, innovación, infraestructura y relación con las comunidades, son parte de los elementos a considerar para mejorar la productividad en la industria.
Para nadie es un secreto que la economía en Chile está pasando por un momento delicado. Si bien, es un escenario que afecta a todas las industrias, el sector minero es uno de los principales afectados. Y es que una de las causas más importantes de la desaceleración en la productividad agregada de la economía, responde a la caída en la productividad minera. El informe “Productividad de la Gran Minería del Cobre en Chile”, desarrollado por la Comisión Nacional de Productividad (CNP), indica que la magnitud de ese deterioro en el sector se estima en torno a un 14% desde el año 2000, con una caída anual de 1% en su productividad total. El documento señala que de manera directa, la minería del cobre constituye más de 10% del Producto Interno Bruto (PIB) y más de 50% de las exportaciones, representando también uno de cada tres dólares de inversión extranjera directa recibida en el país y cerca del 15% de los ingresos fiscales de la última década. De manera indirecta, en tanto, se explica que la minería impacta a través de diferentes efectos multiplicadores mediante la compra de bienes y servicios y se estima que por cada empleo minero directo existen al menos dos empleos en otros sectores. Por su parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) estima que el empleo directo del sector es alrededor de 70.000 puestos de trabajo, lo que alcanza a 150.000 considerando a empresas contratistas.
Si bien, los expertos indican que los eventos vividos durante el súper ciclo de precios del cobre, difícilmente se puedan repetir a futuro (desde 2004 a 2012 se multiplicó por tres el valor de la libra de cobre), resulta fundamental revertir el deterioro en la productividad minera para que esta pueda seguir aportando al crecimiento del país, considerando que Chile es productor de cerca de un tercio del cobre mundial y posee un tercio de las reservas mundiales estimadas, además que actualmente existen inversiones en carpeta por alrededor de US$50.000 millones para el periodo 2016-2025.
Contexto minero
La importancia de la minería radica en que es la actividad económica más relevante para el país. Y es que como se mencionó anteriormente, de acuerdo a datos del informe de la CNP, la minería del cobre representa más del 10% del PIB, más del 50% de las exportaciones y es el principal receptor de inversión extranjera directa, representando uno de cada tres dólares que entran al país. El documento señala que el sector experimentó un gran crecimiento en las últimas seis décadas, triplicándose entre 1960 y 1990 y volviendo a hacerlo entre el año 1990 y 2016, año en que alcanzó 5,5 millones de toneladas, lo que hizo de Chile el principal productor mundial con un 30% del total de la producción. Las exportaciones crecieron un promedio en torno a US$ 1.400 millones entre 1960 y 1990 a US$ 5.500 millones entre 1990 y 2003 y a US$ 34.000 millones durante el llamado “súper ciclo” (2004-2014). El valor exportado en 2016 fue de US$ 28.000 millones. Otras cifras expuestas en el informe agregan que entre 1994 y 2003 la minería aportó en torno al 6% de los ingresos fiscales, mientras que entre 2004 y 2014 alcanzaron un promedio anual de 20%, por lo que el cobre (incluyendo las empresas del Estado: Codelco y Enami) aportó al fisco US$ 96.000 millones, un monto diez veces mayor al de la década previa. Sin embargo, a partir de 2015, el aporte volvió a niveles previos al súper ciclo (6% de los ingresos fiscales). A pesar de lo mencionado, el beneficio para el país y el atractivo para la inversión minera dependen de la diferencia entre el precio del cobre y sus costos de producción, puesto que Chile no controla el precio del cobre ni la ley de su mineral. Ante esto es que la productividad se vuelve fundamental, para así permitir al sector continuar siendo el aporte que ha sido durante estos años.
Informe de productividad
La Comisión Nacional de Productividad realizó el informe “Productividad de la Gran Minería del Cobre en Chile”, mandatado por el gobierno, cuyo objetivo es proponer una estrategia que permita al país recuperar su liderazgo internacional, no solo en cuanto a reservas y producción, sino también en productividad. En términos de la realización del documento, se hicieron entrevistas a más de 500 personas vinculadas a la industria minera, incluyendo operarios, supervisores, ejecutivos, analistas, funcionarios, miembros de la sociedad civil y expertos del sector. También se llevaron a cabo audiencias públicas abiertas a la ciudadanía en Antofagasta, Iquique, Calama, La Serena, Copiapó, Sierra Gorda, Coquimbo y Santiago. Según estimaciones, asistieron más de 700 personas de la sociedad civil, empresas, autoridades regionales y trabajadores. Adicionalmente, se visitaron las faenas consideradas de mejores prácticas en Australia, Canadá, Estados Unidos, Suecia y Perú, consultando opiniones de ejecutivos, trabajadores y expertos, así como también hubo reuniones con entes de gobierno y de la industria. “El estudio, casi único en su género en el mundo, estimó indicadores de productividad, lo más comparable posible, de los procesos productivos cupríferos más importantes de las 12 principales faenas chilenas, contrastándolos con los mismos indicadores de minas internacionales de mejor práctica”, detalla Joseph Ramos, presidente de la CNP, agregando que el Informe, aprobado de forma unánime por la Comisión, contiene cerca de un centenar de hallazgos relevantes así como 53 recomendaciones que buscan mejorar la productividad del sector.
Si bien, algunas de las propuestas serán abordadas un poco más adelante, en términos generales y según lo expresado en el documento, la Comisión considera que el conjunto de recomendaciones propuestas, tanto para el sector público como para el privado, “constituyen las bases de una estrategia minera que asegura la continuidad dinámica del sector, su expansión y su adaptación a los nuevos desafíos tecnológicos y exigencias sociales” (el informe completo se encuentra disponible en www.comisiondeproductividad.cl).
Recomendaciones para el sector
El informe de la CNP entrega un conjunto de 53 recomendaciones específicas en los ámbitos de políticas públicas y regulatorias (un “bien público”) y políticas sectoriales que requieren la acción conjunta de los actores del sector (“bienes club”). Además, se menciona la necesidad de contar con mejores prácticas para la gestión de las empresas (un “bien privado”) a la altura de las mineras de mayor productividad del mundo.
Respecto a los primeros, señalan que las recomendaciones en este aspecto se refieren a seis áreas de acción para el Gobierno. En primer lugar, mejorar el largo y engorroso proceso de aprobación o rechazo de grandes proyectos, para lo cual se podrían implementar las medidas de la Comisión Asesora Presidencial para el SEIA, las que en su mayoría requieren solo modificaciones de reglamentos.
“Estos procesos en Chile toman cinco años, mientras que en países como Australia son tres y ellos están empeñados en reducir esos tiempos. Esto indica que tenemos amplio espacio de mejora en este aspecto ya en Australia son tanto o más estrictos que nosotros en ámbitos como seguridad, medio ambiente y comunidades”, señala Ramos.
En la propuesta, también se indica que a nivel sectorial, es imperante establecer una hoja de ruta clara de los permisos y tiempos requeridos para la aprobación de proyectos de plantas desalinizadoras.
En segundo lugar, el informe recomienda potenciar el desarrollo futuro y la sostenibilidad en la participación de Chile en el mercado del cobre, elevando la inversión en exploración minera. En efecto, Chile efectúa apenas el 18% del gasto total en exploración minera, mientras su producción es casi un tercio de la producción mundial. Para esto, se propone una reforma al sistema de concesiones mineras para aumentar la disponibilidad de terrenos, eliminar la práctica especulativa que la actual posibilita y fomentar el uso efectivo de la concesión. Para ello el documento, propone implementar un sistema de amparo mixto para las concesiones de explotación, con patente ascendente y exigencias al concesionario que incentiven la actividad. El concesionario podrá descontar de la patente en caso de contraprestaciones como información geológica e inversión, pero esta será ascendente si el concesionario no explota la propiedad. “Además las patentes deben ser iguales entre minerales y aumentadas a niveles internacionales. Para incentivar el trabajo efectivo, se propone modificar el plazo de concesión para exploración a tres años renovable dos veces, con renuncia de parte del área concesionada en cada renovación. Para renovar la patente de exploración, se deberá entregar información geológica al Estado, así como planes mínimos de trabajo”, se detalla en el informe, donde además se solicita regular para así eliminar la práctica actual de solicitudes consecutivas de concesiones por parte de personas relacionadas. “Para solicitar una patente de explotación se deberá evidenciar mineralización y definir planes mínimos de trabajo”, se indica.
Otra propuesta es el restablecimiento de la opción de pactos de adaptabilidad laboral, con el objetivo de facilitar la continuidad operacional a través de acuerdos entre empresas y trabajadores. Se propone también que se pueda extender la posibilidad de jornadas extraordinarias sin requerimiento de aprobación por parte de la Dirección del Trabajo, hoy posible en jornadas 4×3, a las jornadas 4×4 y 7×7.
A su vez, generar un mercado laboral más robusto tanto para trabajadores como para empresas beneficiaría al sector. Para esto, el documento señala que se puede establecer un “pasaporte minero” que entregue movilidad a los trabajadores entre faenas y empresas y cubra aspectos de seguridad, salud y competencias laborales. “Junto a la certificación en seguridad, la certificación de salud pre ocupacional y ocupacional debe aceptar como válido cualquier examen de salud vigente, con el fin de reducir la duplicidad de exámenes. Así mismo, sería provechoso que la Dirección del Trabajo facilitara la extensión de Jornadas Excepcionales de las empresas mandantes a los contratistas y la incorporación de tecnologías de la información al proceso de autorización”, señala el informe.
También se debe potenciar el recurso humano, el cual según los expertos resulta tan valioso como el natural y además, puede ser formado, aumentado y aprovechado. Para esto, la CNP señala que las competencias adquiridas por los trabajadores deben ser certificadas por Chile Valora, o bien por entidades privadas, incluyendo la capacitación realizada al interior de las empresas, y especialmente a los trabajadores que se desempeñan en puestos polifuncionales.
Relacionado con los trabajadores, también es fundamental mejorar la seguridad en el sector con el objetivo de reducir fatalidades.
Otras acciones
Como se mencionó anteriormente, junto a las áreas de intervención para las empresas y el Gobierno, el informe señala que el sector se potenciaría con los denominados “bienes club”: acciones que facilitaran la relación entre sus distintos actores (empresas, proveedores contratistas, trabajadores, comunidades, universidades, centros de investigación, etcétera). Por ejemplo, se menciona la innovación: espacios de prueba, pilotaje y capacitación compartidos, así como la maximización de la interoperabilidad entre los sistemas de comunicaciones e información en todos los procesos de la minería con instrumentos que vinculen a empresas proveedoras y a ellas con empresas mineras, a través de protocolos de estándares.
Otra opción también resultaría de compartir infraestructura privada y generar economías de escala, algo más apreciable en los nuevos proyectos de desalación de agua de mar, infraestructura de transporte y su integración intermodal, entre otros. “Hacer esto resultaría en un ahorro para las empresas participantes de proyectos de plantas desaladoras y que podría replicarse en el uso compartido de infraestructura como caminos, trenes, redes eléctricas, etcétera”, explica Ramos.
Adicionalmente, el informe de la CNP propone mejorar las ineficiencias en la relación entre empresas y sus contratistas. “El más importante déficit es la ausencia de requerimientos homologados para el ingreso a faenas. El establecimiento de estándares comunes entre faenas, empresas y contratistas permitiría reducir los plazos de acreditación los que redundan en mayores costos y menor productividad de las faenas”, se indica en el documento.
A su vez, expandir intervenciones privadas a nivel sectorial que se benefician del apoyo público, es otra recomendación que señala al Programa Nacional de Minería Alta Ley como un buen ejemplo de ello, especialmente el desarrollo de proveedores de clase mundial y la Plataforma de Innovación Abierta entre Alta Ley y la Fundación Chile.
En cuanto al relacionamiento entre empresas mineras y comunidades, se puede apuntar a trabajar en un sistema de consulta continua desde etapas iniciales, avanzar en la implementación de las medidas de la Comisión Asesora Presidencial para el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y acelerar las propuestas de relacionamiento temprano, consulta indígena y fortalecimiento de la participación ciudadana, estableciendo adicionalmente, un sistema de resolución de conflictos, como el promovido por Valor Minero, donde los actores pueden solicitar una mediación, arbitraje o conciliación, así como establecer una entidad certificadora que habilite y potencie a las organizaciones que participan en el proceso de diálogo.
Finalmente, también se hace mención a desarrollar y potenciar la mediana minería, donde se esperan avances a futuro con el desarrollo y profundización de un mercado de capitales. Entre otros, la CNP recomienda ampliar los instrumentos financieros para garantizar el cierre de faenas, considerando un modelo de fondo común de garantías similar al establecido en Western Australia, que, además de ser menos costoso que las boletas de garantía, se hace cargo de recuperar relaves y botaderos abandonados.
Por último, está el tercer ámbito, el de los llamados “bienes privados”. Si bien las mayores mejoras probablemente provendrán de este, no obstante por ser estos problemas gestionables por las propias empresas y, por tanto, de su exclusiva responsabilidad, el Informe sólo hace sugerencias al respecto, nacidas de observar las prácticas de las mineras de mayor productividad internacional. Ellas se refieren, entre otras, a la elevada rotación de nuestros altos ejecutivos; al aparentemente excesivo número de capas jerárquicas en Chile; a una cultura de gestión más bien “controlista” que una basada en empoderamiento y accountability; a insuficiente movilidad ascendente sobre todo entre operarios y supervisores; a una insuficiente adhesión y cumplimiento de planes, sobre todo en el ámbito de mantención.
Buenas prácticas en construcción minera
Mejorar la productividad en el sector ha sido un tema de preocupación desde hace un tiempo e instituciones como la Corporación de Desarrollo Tecnológico, también han aportado con recomendaciones útiles para la industria. En 2016, junto a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y el Consejo Minero desarrollaron un estudio de Buenas Prácticas en la Construcción Minera. El documento expone acciones concretas en cuatro áreas: coordinación integrada de proyectos, gestión de actividades previas, planificación operacional y logística, además de un marco normativo y de gestión del recurso humano, identificando buenas prácticas específicas que, en conjunto, buscan aumentar el tiempo efectivo de trabajo, mejorando así la productividad en la industria minera.
Este Manual habla sobre 12 buenas prácticas generales (BPG), partiendo por la disminución de tiempos en acreditación; un aspecto que influye al inicio de los proyectos y que se relaciona con los tiempos de acreditación necesarios tanto para personas como para maquinaria. Y es que uno de los ámbitos reportados como de mayor pérdida por las empresas contratistas corresponde a la organización y gestión previa (espera, costos de viaje y estadía), y a la realización de los cursos de inducción o capacitación de las compañías mineras, que generalmente son dictados por organismos certificadores externos.
Una segunda BPG es contar con información completa y oportuna de Ingeniería y disponibilidad de suministros claves, pues de lo contrario resultan en factores que pueden generar pérdidas significativas de productividad debido a la falta de antecedentes y de información clave entregada al contratista para realizar la planificación y programación de tareas y el propio avance de la obra.
Otra recomendación se refiere a revisar de manera conjunta entre los principales actores del proyecto (en las fases más tempranas posibles), los factores de relevancia e impacto en la productividad, para así tener una mirada crítica del proceso global. Esto con el fin de evitar la pérdida de tiempo de jornadas por el método de ejecución utilizado, sujeto a la dificultad propia de la tarea, tecnologías, procedimientos generales y específicos.
Una cuarta práctica es la mejora de los procesos de planificación y administración de recursos, así como mejoras de logística y abastecimiento, referida a problemas propios de la operación las cuales se agruparon en tres conceptos: aspectos de bodega, de acopio y distribución interna y aspectos singulares de logística. Otra BPG es la optimización de los traslados de inicio y fin de jornada, así como focalizar charlas de inicio de jornada (aquellas relacionadas con las instrucciones de inicio en ámbitos de seguridad y planificación), seguridad y PTS.
Una octava práctica es sobre control de tiempos de colación y traslados. Las recomendaciones en este sentido van por el lado de utilizar casinos móviles, horarios de colación diferenciados y una optimización de tamaño de flota y ciclos de transporte. La novena práctica, en tanto, habla sobre la coordinación efectiva de cambios de turnos, donde distinguen dos tipos: el que ocurre en la misma franja horaria (Bajada) y el que ocurre entre turnos de distinta franja horaria (Diario).
Respecto de la polifuncionalidad laboral, el documento señala que es uno de los principales desafíos a nivel sistémico y normativo, por lo que se recomienda el uso eficiente del personal especializado.
Finalmente, una última BPG, apunta a la mejora del entrenamiento y capacitación del personal propio para así enfocar los esfuerzos en determinar cuáles son los procesos críticos o masivos en recursos que requieran de una intervención.
Como se aprecia, el sector minero está en búsqueda de estrategias que lo ayuden a mejorar su actual escenario y a la vez lo fortalezcan hacia el futuro. Medidas importantes para la principal actividad económica del país.
Comisión Nacional de Productividad
La Comisión Nacional de Productividad (CNP) es una institución consultiva, de carácter independiente, autónomo y con un desafío permanente: aumentar la productividad para mejorar la vida y bienestar de las personas. Realiza estudios mandatados por el Presidente de la República y también otros que se originan en la misma entidad. Uno de estos es el informe “Productividad de la Gran Minería del Cobre en Chile”, donde se propone un conjunto de medidas de índole pública y sectorial, que ayuden a complementar los esfuerzos ya iniciados por distintas entidades públicas, gremiales, sindicales y privadas. El objetivo es revertir la tendencia negativa que la productividad viene mostrando en los últimos 15 años en el sector.
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Ricardo Gomez Angel
