CDT En el sector privado esperan con ansias las reformas para agilizar la tramitación de proyectos de inversión. Hasta ahora, las dudas recaen mayormente sobre la normativa ambiental.
Fuente: El Mercurio
na de las prioridades en la agenda económica del Gobierno, tal como ha reconocido el Presidente Gabriel Boric, es la revisión del sistema de permisos y autorizaciones que un proyecto de inversión requiere para concretarse. En el sector privado destacan que el Ejecutivo se ha convencido de la gravedad del problema de la burocracia, donde hay dos grandes proyectos de ley anunciados.
Una parte del problema se aloja en el diagnóstico realizado por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) respecto de los denominados permisos sectoriales, donde el Ministerio de Economía impulsa una agenda para reducir los plazos de tramitación y simplificar los procesos. La otra arista es la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que empuja el Ministerio del Medio Ambiente, apuntando a fortalecer el carácter técnico de dicha instancia.
En el Ejecutivo afirman que la agenda de “permisología” se ha trabajado de forma coordinada, aunque el diseño de cada una ha sido paralelo y con criterios distintos: mientras Economía ha planteado la idea de incorporar una “autorregulación” por la vía de reemplazar permisos por declaraciones juradas en proyectos de menor impacto, Medio Ambiente lo resuelve con procesos de participación temprana con comunidades, con el fin de evitar la judicialización.
El ministro Nicolás Grau se ha declarado llano a incorporar a evaluadores externos que complementen y descompriman el análisis técnico de los proyectos, un componente que en el sector privado también veían con buenos ojos para la normativa ambiental, y pese a plantearlo cuando conocieron los lineamientos a mediados de año, no fue considerado por la cartera.
Viabilidad política
Aunque se conocen menos detalles respecto de su redacción, los objetivos generales del proyecto de ley que prepara el ministro de Economía son bien evaluados en el mundo empresarial. En concreto, esta reforma –que se había anunciado para este año-persigue dos grandes objetivos.
Por una parte, pretende estandarizar los permisos y su tramitación, con el fin de canalizarlos por distintas vías con requisitos acordes a su posible impacto, permitiendo incluso reemplazar algunos permisos por declaraciones juradas, especialmente aquellos que se identifican como “duplicados”. Por otra parte, se establecerá una nueva agencia dedicada a racionalizar las autorizaciones, supervisar el cumplimiento de los plazos, establecer incentivos y sanciones, además de gestionar la ventanilla única de monitoreo sobre el avance de los trámites.
En la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), el director de políticas públicas, Javier Irarrázaval, destaca el enfoque del proyecto basado en la confianza en el titular del proyecto.
Sin embargo, ve como principal preocupación la viabilidad política del mismo, dado que “modificar muchas regulaciones sectoriales podría generar reticencia de algunos organismos de la administración del Estado”. Paula Urenda, gerenta general de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), concuerda en que “es importante considerar que esta reforma requerirá de un gran consenso político para que salga adelante”. En Sofofa, creen que “aún es necesario conocer mayores detalles del proyecto para tener una evaluación más certera”.
Rol del SEIA
En la cartera que lidera Maisa Rojas ya están en la recta final para ingresar el proyecto al Congreso. El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático ya aprobó la propuesta, cuyo eje central es modernizar el SEIA para fortalecer su perfil técnico, por ejemplo, al eliminar el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental (Coeva). Se aumenta la participación ciudadana, y se crea un procedimiento voluntario de participación temprana para que los inversionistas puedan mejorar el diseño de un proyecto antes de su tramitación, evitando retrasos por la vía de conflictos judiciales con comunidades. Además, se crea un recurso de reclamación único y simplificado que entrega certeza sobre las vías de impugnación de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a todos los actores, según informaron en la cartera.
Sobre este proyecto, existen más dudas. Irarrázaval, de la CPC, plantea que “nos preocupa que se reduzcan mucho las competencias del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad que hoy les da una mirada sectorial a las regulaciones y actos administrativos, que se incluyan disposiciones como la revisión extraordinaria de RCA para declaraciones de impacto ambiental (DIA) que generan incertidumbre, o que la evaluación de los estudios de impacto ambiental se realice de manera unipersonal en vez de considerarse un organismo colegiado”. En Sofofa, también advierten que hay materias que podrían ir en contra de simplificar trámites, como “la ampliación del plazo para el término anticipado, la eliminación del reforzamiento del carácter de ventanilla única de los permisos ambientales sectoriales y la ampliación de la revisión de las RCA a las DIA, entre otras”.
En la CChC, Urenda también reconoce preocupación por que “las nuevas exigencias no cuenten con una evaluación económica respecto de su implementación para los titulares de proyectos, asunto relevado por la OCDE en 2016 en su Estudio sobre la Política Regulatoria en Chile”, para lo cual cree fundamental un criterio de gradualidad e incentivos en su aplicación.
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Ricardo Gomez Angel
