Actualmente, el sector de la construcción se encuentra en el centro de varios desafíos críticos, incluyendo la crisis climática y el aumento de la desigualdad en el acceso a los recursos energéticos esenciales.
Fuente: Expansión
Los edificios contribuyen en gran medida al consumo de energía y a las emisiones de carbono, representando aproximadamente el 40% y el 30% respectivamente a nivel mundial.
Agravando este escenario, el parque inmobiliario de nuestro país, con una edad media de 43 años, se enfrenta al gran reto en el que 4 de cada 5 edificios son ineficientes, lo que se traduce en que de los más de 26 millones de viviendas, cerca de 20 millones no cumplen con las normativas de eficiencia y más del 80% tiene certificaciones energéticas E, F o G, las más bajas en la escala.
Esto subraya la urgencia de reconsiderar nuestras prácticas en el diseño, la construcción y la renovación de espacios habitacionales y laborales para enfrentar esta situación de manera efectiva.
En paralelo, la pobreza energética, que afecta a entre 3,5 y 8,1 millones de personas, según datos del Ministerio de Transición Ecológica, pone de manifiesto la urgencia de adoptar medidas que no solo busquen la eficiencia, sino también la igualdad. La incapacidad de un porcentaje significativo de la población para mantener una temperatura adecuada en sus hogares es un claro indicativo de que la sostenibilidad debe ir de la mano con acción social.
En el marco actual, la reciente aprobación de la Directiva sobre Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD) por el Parlamento Europeo se establece como un pilar legislativo esencial para dirigir a Europa hacia una neutralidad climática. Esta normativa no solo propone metas desafiantes para disminuir tanto el uso de energía como las emisiones de dióxido de carbono, sino que también subraya la importancia de llevar a cabo una reforma energética profunda y de amplio alcance en la infraestructura. Con una visión de futuro, establece que para el año 2030 todos los nuevos edificios deben alcanzar una neutralidad climática, adelantando esta meta al 2028 para estructuras de uso público. Adicionalmente, fija metas precisas para la modernización de edificaciones existentes y para la eliminación gradual de calderas que utilicen combustibles fósiles, delineando así un camino hacia la descarbonización completa de nuestros sistemas de calefacción y refrigeración para el 2040.
La rehabilitación energética, por tanto, se erige como un imperativo que trasciende la mera eficiencia, abrazando una visión holística que integra la sostenibilidad ambiental con la justicia social. En este marco de acción, la financiación privada se convierte en un catalizador para la mejora significativa en la calidad de vida de las personas, garantizando una distribución más equitativa de los recursos energéticos y sentando las bases para una transición hacia prácticas más verdes y responsables en el ámbito residencial.
En este paradigma, las entidades financieras juegan un papel fundamental, incentivando inversiones en proyectos que se alinean con estos principios. Es esencial que los productos financieros estén diseñados para apoyar esta transición al mismo tiempo que los ciudadanos la entiendan como una vía para vivir mejor. Al igual que financiamos la adquisición de nuestras casas, nuestros coches, e incluso, nuestras vacaciones estivales, financiar la rehabilitación de nuestras viviendas debería percibirse como algo tan sencillo como pagar a plazos una inversión en calidad de vida.
El compromiso legislativo hacia la remodelación de estructuras preexistentes y la inclusión progresiva de tecnologías renovables son pasos fundamentales en nuestra lucha contra el cambio climático. En este Día Mundial del Clima, es necesario hacer un llamado a la acción para que todos los actores involucrados – desde las instituciones financieras hasta los propietarios de edificios y los responsables políticos – colaboren estrechamente para hacer realidad estos objetivos. Es solo a través de un esfuerzo conjunto que podemos aspirar a una economía sostenible que beneficie no solo al medio ambiente, sino que también genere prosperidad y bienestar para todos.
La rehabilitación y las políticas de financiación verde representan oportunidades estratégicas para liderar una revolución verde en el sector de la construcción. Adoptar estos principios nos permite avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos climáticos globales y abrir camino hacia un futuro más resiliente, justo y próspero.
Como líderes en el sector, tenemos la responsabilidad de adoptar y promover estas prácticas, asegurando así un legado duradero de bienestar y respeto por nuestro planeta para las generaciones futuras. Comprometámonos todos a este cambio trascendental.
*Directora de Sostenibilidad y Rehabilitación en UCI