CDT En el último tiempo, las compañías mineras (especialmente de la gran minería) se han enfocado en lograr equilibrar los objetivos productivos y económicos con las consideraciones ambientales y las tradiciones propias de las culturas y comunidades de las zonas aledañas donde emplazan sus proyectos.
Estas consideraciones con los grupos de interés responden a un tema de sustentabilidad social, donde resulta importante integrar sus visiones, pues de lo contrario, puede volverse una fuente constante de desencuentros entre el entorno y las iniciativas mineras.
Uno de los puntos principales en las relaciones entre empresas mandantes y comunidades, se refiere a los aspectos ambientales involucrados. Ante esto, existen normativas que los proyectos deben cumplir para funcionar, como los estudios de impacto ambiental.
El desarrollo de un proyecto minero no solo conlleva la construcción y futura operación del mismo en determinado lugar, sino que también incluye una relación desde el primer momento con su entorno. En las últimas décadas, las compañías mineras se han enfocado en lograr equilibrar los objetivos productivos y económicos con las consideraciones ambientales y las tradiciones propias de las culturas y comunidades de las zonas aledañas. “Es fundamental que la industria sea reconocida como un sector productivo sustentable, con prácticas que apunten a proteger el medio ambiente e integren a las comunidades desde las primeras etapas de un proyecto minero”, cuenta a Revista Construcción Minera & Energía, la ministra de Minería, Aurora Williams.
Este enfoque se ha venido dando en el sector durante las últimas décadas, no solo en Chile, sino que también a nivel mundial, especialmente en la gran minería. “En el caso nacional, ha habido un cambio de concepto en la forma en que se deben desarrollar las relaciones entre los inversores (mandantes), en su mayoría extranjeros y los residentes locales, donde se debe considerar tanto los aspectos legales como la idiosincrasia de las comunidades, para así contar con licencia para operar”, explica Carlos Gajardo, gerente de Asuntos Internacionales y Medioambiente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).
La Licencia Social para Operar (LSO), se refiere a la aceptación por parte de las comunidades de las compañías mineras y sus proyectos. Para esto, es necesario desarrollar buenas relaciones con todas las partes interesadas, especialmente con las comunidades locales. “La credibilidad de las compañías mineras se basa en el respeto mutuo, la honestidad, el diálogo abierto, la transparencia, el ofrecimiento de respuestas oportunas a las inquietudes de la comunidad, la difusión de información y la constancia de ella”, explica la ministra Williams, agregando que la obtención de una licencia social es un factor esencial para reducir los riesgos de conflictos y para mejorar la reputación de las compañías. “Para la comunidad, tener empresas y proyectos que califican y poseen LSO les permite generar relaciones de largo plazo, desarrollar planes y programas de desarrollo local, beneficios sostenibles y, en algunos casos, ser parte incluso del negocio. La licencia social para operar, intensifica el diálogo, promueve la participación, genera una sinergia entre la comunidad y la empresa”, sostiene la autoridad.
Trabajo con comunidades
El concepto de avanzar hacia una minería sostenible en el sentido de que pueda plantearse una actividad con recursos reutilizables, que minimice el impacto ambiental sobre el que opera y que potencie el desarrollo de las sociedades que las albergan, ha sido una idea cuyo desarrollo se ha estimulado en el último tiempo. Y es que en un comienzo, los primeros acercamientos que se realizaban entre las empresas mandantes y las comunidades, atendían algunas demandas de naturaleza distinta a las actuales (por ejemplo, construcción de capillas, camisetas de fútbol para el equipo local u otras peticiones de menor envergadura en términos monetarios, pero que de igual forma tenían relevancia para la comunidad). “Con el tiempo, las comunidades empezaron a desarrollar conciencia de sus derechos, de las molestias que podía traerles un proyecto minero y a su vez, de las oportunidades que se podían generar ya sea de ganancias, empleos, etcétera”, cuenta Gajardo.
También influyó en este cambio el hecho de que organismos internacionales como el Banco Mundial, Naciones Unidas o el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), empezaron a solicitar a los inversionistas que querían desarrollar proyectos mineros, diferentes requerimientos relacionados con estos temas, cuyo cumplimiento servía para contar con la venia de alguna de estas instituciones, ya sea para financiamiento externo, membrecías (en el caso del ICMM), etcétera.
Por tal motivo, el desarrollo de proyectos u operaciones mineras debió avanzar y gestionar situaciones como los impactos socioambientales negativos que pudieran generar a las comunidades para que no se transformaran en conflictos. Estas consideraciones con los grupos de interés responden al concepto de sustentabilidad social, donde resulta importante contar con sus aportes ya que, de lo contrario, pueden volverse una fuente constante de desencuentros entre el entorno y las iniciativas mineras.
Así, el sector ha concentrado su trabajo tanto en materias medioambientales, como sociales y económicas, ya sea por iniciativas proactivas propias de los mandantes como también por exigencias regulatorias que han ido modificando el contexto en donde se lleve a cabo la actividad.
Actualmente, las comunidades son consideradas y estudiadas desde el comienzo de los proyectos. “Las empresas inversionistas realizan investigaciones previas para ver quiénes podrían verse afectados, qué zonas o sectores ambientales pueden tener significados especiales para las comunidades, etcétera. Se busca mapear el lugar dónde realizar la futura inversión, desde un punto de visita comunitario y también ambiental”, explica Gajardo, agregando que es importante aclarar que durante ese proceso solo se realiza un reconocimiento del lugar, tomando un primer contacto con las comunidades. “La experiencia ha mostrado que todos los casos son distintos. En algunas partes, este primer paso ha resultado en una muy buena experiencia para conversar y en otros, la relación ha sido de indiferencia que con el tiempo se transforma en problemática, generando ciertos anticuerpos por el proyecto”, puntualiza el gerente de Asuntos Internacionales y Medioambiente de la Sonami.
Otro punto que genera oposición, se basa en experiencias anteriores o en información que ha llegado a oídos de la comunidad sobre situaciones que han pasado en lugares donde se han instalado proyectos similares o una empresa en particular (problema de reputación). Para el éxito de ese primer contacto, realizado en las etapas iniciales del futuro desarrollo del proyecto, la recomendación de los expertos, es contar con gente preparada para interactuar y gestionar estas relaciones y no solo llegar con un equipo técnico dedicado a las exploraciones; esto, porque se debe tener en cuenta que no todas las investigaciones y mapeos primarios terminarán en la construcción definitiva de un proyecto. “Siempre, la relación debe ser muy clara y no generar falsas expectativas en las comunidades, respetando las zonas donde se llevará a cabo el estudio y cuidando de no dañar innecesariamente el entorno, más aún si luego no estará ahí”, explica Gajardo.
Gestión de la relación
La llegada de un proyecto minero a determinado lugar implica no solo gestionar y mantener en el tiempo una relación con las comunidades, sino que también plantea el desafío inicial de crear una relación de información permanente. “Las comunidades no quieren saber de un proyecto cuando ya empieza a operar; quieren hacerse escuchar desde antes, en etapas tempranas, en el planeamiento del proyecto o en momentos donde aún se puedan introducir cambios”, explica Gajardo.
La experiencia de algunas empresas mineras ha dado cuenta de la importancia de priorizar el diálogo como herramienta principal en cuanto a la relación con las comunidades. Es el caso, por ejemplo, de Antofagasta Minerals, donde señalan, que el diálogo abierto y continuo ha resultado clave para construir confianza que permita trabajar en conjunto. “Para lograrlo, nuestras compañías mantienen una serie de mecanismos de diálogo con las comunidades, tales como mesas de trabajo, monitoreos e instancias participativas, visitas a faena, entre otros. También contamos con un sistema formal para investigar y responder a los reclamos de las comunidades”, informan desde la compañía.
A modo de ejemplo, mencionan el programa “Somos Choapa”, un modelo de gestión del entorno, que propone una metodología para sostener un proceso continuo de relacionamiento entre la empresa, las comunidades, las autoridades locales y otros grupos de interés, el cual ha sido acogido con interés por parte de los actores locales. “Al 31 de diciembre de 2015 ya se habían realizado 49 actividades de diálogo, con la participación de organizaciones de base y de unos 3.600 vecinos”, señalan desde la empresa.
Una buena comunicación resulta aún más importante cuando se abordan temas complejos, como por ejemplo, relacionados con el recurso hídrico de las comunidades. Los expertos consultados, coinciden que en primera instancia se deben buscar mecanismos que aseguren un entendimiento igualitario por parte de ambos actores (por ejemplo, en temas como unidades de medida en uso de agua, caudal de ríos, etcétera). “No es extraño que la comunidad dude de algunas informaciones y por lo mismo hay formas de gestionar esa incertidumbre, ya sea integrando a un tercero mediador u otro mecanismo. El punto es ser abierto en cuanto a la información, permitir que los stakeholders puedan tener acceso, ser serios y comprometidos en esto”, detalla Gajardo.
Sistema de Evaluación Ambiental
Uno de los puntos principales en las relaciones entre empresas mineras y comunidades, se refiere a los aspectos ambientales que puedan verse involucrados. Ante esto, existen normativas que los proyectos deben cumplir para funcionar. “Lo aspectos ambientales de toda iniciativa de inversión minera están claramente establecidos en el cumplimiento de la normativa ambiental existente en Chile. Contamos con una institucionalidad fortalecida que ejerce mecanismos de resguardo y de minimización de impactos ambientales en el desarrollo de cualquier proyecto minero superior a las 5.000 ton/mes. En tal sentido se responde a parámetros que permiten equilibrar el diseño del proyecto y el resguardo ambiental y de sus comunidades”, explica la ministra Williams, agregando que la Ley N° 19.300 y el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) son guías fundamentales para resguardar los criterios de sustentabilidad del proyecto desde lo ambiental, social y económico.
En el caso del SEIA, este es un instrumento que permite introducir la dimensión ambiental en el diseño y la ejecución de los proyectos y actividades que se realizan en el país. De acuerdo a la web del Servicio de Evaluación Ambiental, a través de él se evalúa y certifica que las iniciativas, tanto del sector público como privado, se encuentran en condiciones de cumplir con los requisitos ambientales que les son aplicables. Este sistema ha podido “ayudar a prevenir los impactos que puedan generar las inversiones públicas y privadas, o hacer que, cuando se generan impactos adversos significativos, exista una mitigación”.
Según se explica en el sitio del SEIA, si el proyecto o actividad debe someterse obligatoriamente al Sistema (es decir, se encuentra en la lista establecida en el Artículo 3 del Reglamento), o desea hacerlo voluntariamente, el titular de dicho proyecto o actividad debe presentar ante la autoridad una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), cuya pertinencia de presentación dependerá del establecimiento de diversos criterios entre los cuales se considera: el riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos; los efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire; el reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos; la localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar y la alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona, así como la alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.
“El SEIA establece que tanto para DIA y EIA debe existir participación ciudadana, generadas por parte del Ministerio de Medio Ambiente a partir de procesos abiertos de convocatorias. En el caso de las DIA, la participación debe ser solicitada por las organizaciones o personas naturales mediante carta simple a la autoridad ambiental regional, mientras que en el caso del EIA, esta se desarrolla desde la institucionalidad de las convocatorias a las reuniones”, detalla Williams.
La Evaluación de Impacto Ambiental concluye con una resolución dictada por la autoridad respectiva, donde se certifica si es que el proyecto o actividad cumple, o no, con todos los requisitos ambientales aplicables.
En caso que la resolución de un estudio de impacto ambiental resulte favorable, significa que “el proyecto o actividad cumple con la normativa de carácter ambiental, incluidos los requisitos de carácter ambiental contenidos en los permisos ambientales sectoriales que correspondan, y que, haciéndose cargo de los efectos, características o circunstancias establecidos en el artículo 11 de la Ley, se proponen medidas de mitigación, compensación y reparación apropiadas”. De lo contrario, la web señala que “no se podrá realizar el proyecto o actividad o su modificación. Asimismo, los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental, en las materias relativas al respectivo proyecto o actividad, quedarán obligados a denegar las correspondientes autorizaciones o permisos, en razón de su impacto ambiental, aunque se satisfagan los demás requisitos legales, en tanto no se les notifique de pronunciamiento en contrario”. Además, se explica que la Ley y el Reglamento establecen algunos mecanismos que permiten asegurar la participación informada de las personas, naturales o jurídicas. Según señalan desde el ministerio de Minería, es deber del Estado facilitar la participación ciudadana, permitir el acceso a la información ambiental y promover campañas educativas destinadas a la protección del medio ambiente. “La participación ciudadana comprende los derechos a acceder y conocer el expediente físico o electrónico de la evaluación, formular observaciones y obtener respuesta fundada de ellas”, explica la ministra de la cartera.
Otro elemento que fomenta la participación, es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece la consulta obligatoria a los pueblos originarios para medidas que les afecten. Según se explica en el sitio web de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, este convenio se aplica a los pueblos indígenas y tribales en países independientes, “cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos, total o parcialmente, por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial”. El convenio se considera en el trato con las comunidades, ya que este tiene que ver con las tierras y los recursos naturales existentes en ellas, donde se les reconoce su propiedad y el uso ancestral, orientándose la normativa a otorgarles a los indígenas la posibilidad de la utilización, administración y conservación de estos recursos. Las observaciones que puedan realizar las comunidades afectadas por algún proyecto bajo este convenio, deben ser parte del proceso de consulta que involucra la participación ciudadana en los estudios de evaluación ambiental.
Ejemplos de acciones
Los expertos consultados comentan que debido a la naturaleza diversa tanto de mandantes como de comunidades, no hay un “modelo” de relación, sino más bien, este se va generando dependiendo de los actores involucrados, creencias, etcétera. “Podemos tener casos en que empresas y comunidades son más proclives a llegar a acuerdos comunes y otros, en que es más difícil. No hay una regla”, comenta Gajardo.
Por esta razón, empresas como Codelco, por ejemplo, han trabajado en buscar formas de estandarizar la gestión con las comunidades, de modo de asegurar la licencia para operar sus proyectos futuros. Su modelo considera como pilares la gobernanza y el marco normativo que rige a Codelco como empresa estatal, junto a la implementación de estándares y herramientas comunitarias, que permiten viabilizar el trabajo con las comunidades y gestionar los impactos, buscando el mejoramiento continuo para establecer relaciones de confianza.
El objetivo de la compañía es poder seguir avanzado en la consolidación de proyectos comunitarios co-construidos con los habitantes de sus áreas de influencia, auditables, cuyos impactos involucren más población y sus resultados sean sustentables en el tiempo. Según indican desde Codelco, lo anterior ayudará a construir una nueva mirada, desde la «licencia para operar» hacia una «minería sustentable, virtuosa e inclusiva“, que permita desarrollar las operaciones y proyectos en conjunto con las distintas organizaciones y grupos de interés existentes en el territorio. Para esto, la minera ha tomado medidas como un plan de sustentabilidad con metas a 2040, cuyos objetivos incluyen tener cero incidentes que afecten a las comunidades, contar con un plan de negocios que incluya las variables socio-ambientales a un costo competitivo, así como no tener accidentes fatales, reducir progresivamente el consumo de agua fresca por tonelada tratada y asumir sistemas de gestión de personas que incluyan la diversidad y el alto desempeño, además de alcanzar en tres años un 5% de cátodos trazables (cifra que se incrementará paulatinamente).
Por su parte, para Antofagasta Minerals, la sustentabilidad es parte integral y constituye la base sobre la cual se decide y gestiona el negocio. “Promover la minería sustentable es nuestro compromiso con el medio ambiente, respetando el entorno donde operamos y haciendo un uso eficiente de los recursos, por lo que como empresa minera, estamos conscientes que entre las principales preocupaciones de las comunidades con las que interactuamos, está el uso responsable de los recursos”, señalan. En ese sentido, han priorizado la implementación de iniciativas que contribuyan a optimizar el uso de recursos como, por ejemplo, el agua. Prueba de ello es que Minera Esperanza (hoy Centinela) fue la primera operación minera en Chile en operar en un 100% con agua de mar sin desalar en la línea de sulfuros. Esta misma tecnología se implementa en la operación de Minera Antucoya desde el año 2015.
“En julio de 2016 ingresamos el EIA del proyecto de Infraestructura Complementaria de minera Los Pelambres, que contempla la instalación de una planta desalinizadora de agua de mar para usar en situaciones de escasez de agua, lo que también refleja nuestra intención por reducir el uso de agua continental”, señalan desde la minera.
En la misma línea, también comentan que al momento de diseñar y gestionar un proyecto minero, primero se identifican los riesgos, se definen políticas e implementan estándares y sistemas de gestión supervisados por el Directorio, a través del Comité de Sustentabilidad. “Entre los ámbitos más importantes, se considera la relación con grupos de interés y aporte a la comunidad, la seguridad, salud laboral, medio ambiente, derechos humanos y comunicaciones”, puntualizan desde la minera, reconociendo el valor de la comunicación permanente en el proceso de construcción de confianza con las comunidades. “Nos hemos preocupado de ser transparentes en las etapas del proceso de evaluación, ejecución y desarrollo de nuestros proyectos. Postura que desde 2015 también se adoptó a través de un rol más protagónico en nuestras redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y Flickr), lo que ha permitido fortalecer el vínculo entre la empresa y nuestros públicos de interés en estos espacios”, señalan desde la empresa minera.
Desafíos y recomentaciones
Desde el punto de vista de las mineras (y como industria en general) el desafío principal es mantener modelos de relacionamiento y gestión del entorno, para seguir contribuyendo efectivamente al desarrollo de los territorios donde se encuentran las faenas. “En esto, el enfoque debe estar en aumentar la aplicación de los principios de participación, transparencia y búsqueda de sinergias con otros actores”, señalan desde Antofagasta Minerals.
También se debe abordar el tema a nivel interno, para que así las empresas puedan contar con personal capacitado para gestionar las relaciones con la comunidad, especialmente en las áreas operativas y obviamente, en aquellas que tienen contacto directo con las comunidades. La importancia de esta gestión debe ser un tema transversal, entendiendo el valor de esta acción y no viéndola como un retraso en el avance del proyecto. “Aunque se avance más lento, es muy importante hacerlo en la mayor armonía posible. No se saca nada con avanzar en la construcción y operación, si luego aparecen problemas normativos o conflictos con las comunidades que obviamente se traducirán en pérdidas más grandes, tanto de tiempo como de dinero. El objetivo es hacer las cosas bien, desde el comienzo”, comenta Gajardo.
Como los casos y proyectos son diferentes, también lo serán los distintos problemas y soluciones, por lo que al no haber un método único de gestión, el desafío para las empresas es ser creativas y entender que son parte de una relación bilateral. “Se ha avanzado mucho en comparación a cómo se hacía minería hace años. Hay un cambio de mentalidad que también toma tiempo en permear a la empresa mandante. Es algo que requiere mucho trabajo y convencimiento interno”, agrega el gerente de Asuntos Internacionales de la Sonami.
Por su parte, también se debe estar al tanto de los aspectos normativos que apliquen a cada caso y/o lugar. Y es que la normativa ambiental exige procesos formales de participación ciudadana, lo cual es fundamental para la socialización de los proyectos mineros. Asimismo, las empresas podrán determinar medios adicionales de información, difusión y diálogo, desde las etapas tempranas del proyecto. “Lo fundamental es que estas instancias sean permanentes en el tiempo y no claudiquen una vez que entre en operación el proyecto”, comenta la ministra de Minería.
Así, la gestión de las relaciones con las comunidades, es un trabajo que las empresas mandantes deben abordar desde los primeros acercamientos, los primeros estudios, el diseño y desarrollo de futuros proyectos. Esto resultará en beneficios de tiempo, presupuestos y además, permitirá continuar el trabajo de confianza hacia el futuro.
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