CDT En los últimos 20 años, las ciudades en el mundo han desarrollado un modelo de organización urbana, así como sistemas de planificación y funcionamiento de las instituciones municipales que han dado resultados positivos y medibles para sus habitantes, redistribuyendo la riqueza e invirtiéndola en los servicios públicos e infraestructura urbana esenciales.
Fuente: Pagina Siete
En nuestro país fueron, sin duda, el proceso de municipalización y la denominada “Participación Popular” las que dieron los impulsos iniciales a este nuevo andamiaje institucional y lo que permitió en los siguientes lustros implementar políticas de protección social, educación (con alimentación escolar incluida) y la ejecución de proyectos de infraestructura y servicios públicos de relevancia (las escuelas públicas en Santa Cruz, los mercados y terminales en Cochabamba o El Alto, el saneamiento básico en Tarija y los Pumas, hospitales y Barrios de Verdad en La Paz son un buen ejemplo de ello).
Pero la crisis económica mundial por efecto de la pandemia y la reducción de los ingresos de los Estados, que fueron imposibles de preverse en sus costos y temporalidad, frenaron en seco todas las inversiones en marcha. En Bolivia, al aprobarse en septiembre el presupuesto para cada gestión siguiente, el presupuesto del año 2020 fue absolutamente irreal en su planificación y ejecución para todas las entidades públicas; la pandemia empezó en enero y obligó a invertir el grueso de recursos para enfrentarla y, al reducirse o anularse, muchas actividades económicas también disminuyeron las recaudaciones impositivas en todos los niveles del Gobierno.
A más de un año de afectar la economía y la salud mundial, está por demás claro que la pandemia no solamente se llevará la mayoría de decesos en las ciudades, sino que en adelante también significará un cambio de paradigmas y el inicio del fin de este modelo de planificación urbana construido en las últimas décadas. Posiblemente sólo quedará en pie todo aquello que implique a la gestión ambiental y a todo lo que engloba el concepto de “ciudades inteligentes” (servicios y trámites en línea, reciclaje y reutilización de residuos, construcciones verdes, etcétera).
El largo camino que aún queda para inmunizar al mundo entero y el riesgo de nuevas pandemias en el futuro demandarán mayores inversiones en salud, preventiva ante todo, y en telemedicina, lo cual incluye garantizar alimentos de alta calidad nutricional.
También demandará muchos y cada vez más cercanos centros de abasto y ferias barriales de alimentos (como ocurrió ya con la experiencia de los mercados móviles en La Paz y Santa Cruz, en la primera ola de la pandemia), pero esta vez de manera permanente.
La menor demanda de transporte público por el teletrabajo, pero también por la reconfiguración del conjunto de actividades económicas y horarios de funcionamiento abrirá un mayor espacio al transporte masivo y con vehículos de tecnologías más limpias.
Las ciudades “compactas” abrirán paso más bien a decenas de centralidades urbanas para optimizar la atención de trámites y servicios públicos, pero también para la inversión privada en enormes espacios de recreación y servicios de gastronomía al aire libre, deporte y actividad física en general y mayores fuentes de empleo, a partir de nuevos e innovadores servicios en estos rubros.
La atención a domicilio, no sólo los ya tradicionales delivery, sino aquellos que se prestan en los barrios, de vecino a vecino, también se abrirán mayor espacio en zonas de ingresos medios y bajos, donde todavía el acceso a la salud es un bien lujoso. Los centros y galerías comerciales cada vez más amplios y espaciosos serán lugares de paseo antes que de compras, pues el comercio en línea y a través del teléfono será más práctico y seguro para todos.
Nuestras ciudades y nuestras nuevas autoridades tienen el desafío de adelantarse y empezar a pensarse con nuevos modelos de planificación urbana y tienen en la pandemia cruel e inesperada una gran oportunidad para dar un enorme salto cualitativo en la gestión urbana.
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