En Europa reparar, reutilizar y reciclar son conceptos que se están incorporando en todos los ámbitos, incluso en la construcción a través de las smart cities o ciudades inteligentes.

Fuente: Real Estate Market

Sin duda alguna, las smart cities han dado ejemplos a nivel mundial por revolucionar el concepto de las ciudades, la economía, la movilidad, la igualdad, la salud y diversos temas. 

Actualmente, desde la Unión Europea, el ecodiseño es el nuevo parámetro que se impulsa en la región, que potencia un futuro basado en la reparabilidad de los productos y en el ecodiseño de dichos equipos para garantizar la circularidad o reciclaje de los recursos.

El reto consiste en el uso de tecnología baja en emisiones de carbono o CO2,  en que los productos que se instalen o renueven, para que sean reciclables y reutilizables y, sobre todo, convencer a todos los profesionales de la construcción que la estética y el precio no lo son todo.

Los productores han avanzado introduciendo nuevos parámetros de ecodiseño y responsabilidad medioambiental. Sin embargo, el resto de la cadena de valor va a otro ritmo. En general, la construcción es responsable de más del 30% de la extracción de recursos naturales, y a escala de Europa, los edificios y las infraestructuras son los responsables del 40% de las emisiones GEI (Gases de Efecto Invernadero).

El sector de la construcción es muy difícil de abordar, ya que intervienen muchos actores, descoordinados, y con intereses distintos a la preservación, además que los consumidores finales o propietarios de inmuebles no saben qué huella de carbono tiene dicha propiedad con la instalación de estos productos.

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La exigencia de una construcción basada en criterios sostenibles, eficientes y circulares, vendrá también de la mano de nuevas exigencias, como definir requisitos puntuables basados en Economía Circular para todas las industrias y empresas que quieran acceder a programas de ayudas públicas (subsidios), préstamos y líneas de crédito públicas, o que quieran licitar concursos públicos.

Por ejemplo, pronto llegará a México la denominada Contratación Pública Ecológica (CPE), que fomentará la obligación de las empresas a cumplir con la sostenibilidad y la circularidad si quieren entrar o licitar en concursos públicos de infraestructura.

Las autoridades de Bruselas, en Bélgica, marcaron un camino al introducir la Economía Circular como normativa, lo que inspiró a España a la aprobación del Plan de Acción de Economía Circular, que contará con 1,529 millones de euros con 116 medidas directas.

La economía circular supone incidir en la producción, consumo, gestión de residuos, materias primas secundarias y reutilización del agua; y con carácter transversal la sensibilización y participación ciudadana, la investigación, innovación, competitividad, formación y empleo.

La circularidad alcanza a todos los sectores, incluso los más tecnológicos. Es precisamente la tecnología, la electrónica, una de las más susceptibles de todo el desarrollo normativo del ecodiseño y el derecho a reparar los materiales.

En las smart cities o ciudades inteligentes, el despliegue de infraestructuras conectadas implica la construcción de costosas instalaciones técnicas con criterios sostenibles y de reutilización de materiales, pero que a lo largo del tiempo tienen un resultado mundial: la preservación del medio ambiente.

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Se prevé que a futuro, el ciudadano se empoderará, con instrumentos como la Etiqueta Ecológica Europea (Ecolabel), que sienta las bases de un consumidor informado, que conocerá la vida útil de los materiales y productos, así como su índice de reparabilidad.

El público ya demanda y prefiere proyectos bajos en CO2, reciclables, con impacto ambiental mínimo; legisladores en Europa prevén un posible ‘pasaporte de materiales’, así como definir objetivos u obligaciones de carbono para las viviendas.

España está por encima de la media europea en tasa de reciclaje de RAEEs, según Eurostat, siendo además un sector industrial que genera anualmente un Valor Añadido Bruto (VAB) de 955 millones de euros en ese país, lo que equivale al 0.8% del Producto Interno Bruto (PIB).

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