CDT El Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido había declarado los planes ilegales ante los posibles daños que las obras podrían causar en el célebre monumento megalítico.
Fuente: ABC
En noviembre de 2020, el gobierno británico aprobaba un plan para la construcción de un túnel de 3,2 kilómetros que unía Amesbury con Berwick Down, en Wiltshire. Con un presupuesto de 1.700 millones de libras, la infraestructura está destinada a acabar con los gigantescos atascos que se producen en los trayectos hacia el suroeste de Inglaterra. Sin embargo, las obras discurrirán prácticamente bajo Stonehenge, lo que desató una fuerte polémica en el país.
Los inspectores de planificación emitieron un informe en el que recomendaban no llevar a cabo el túnel, debido al riesgo de un daño permanente e irreversible al patrimonio cultural, y al paisaje, así como a la creación de un impacto visual negativo alrededor del monumento. También se organizó un movimiento de oposición a su construcción Save Stonehenge World Heritage Site (Salvar Stonehenge Patrimonio de la Humanidad), que presentó un recurso judicial ante el Tribunal Superior de Justicia.
El juez encargado del caso anulaba en 2021 la decisión del gobierno británico y declaraba la orden ilegal. Ahora, el Ministerio de Transportes ha vuelto a aprobar los planes. Las obras, que han sido respaldadas por el Consejo del condado de Wiltshire, implica la revisión de más de doce kilómetros de la carretera principal que va desde Londres hasta el suroeste de Inglaterra.
El grupo de presión creado para parar el proyecto, Stonehenge Alliance, ha señalado que estaba “extremadamente decepcionado” por la decisión y advirtió que el proyecto podría despojar a Stonehenge de su estatus de Patrimonio de la Humanidad. La Unesco, el organismo de patrimonio de la ONU, ya había advertido previamente colocará en su lista de “en peligro” al monumento megalítico si el túnel sigue adelante y podría perder su estatus, lo que sería “una desgracia nacional”, ha señalado a la BBC Kate Fielden, arqueóloga y portavoz de Stonehenge Alliance.
Por su parte, el secretario de Transporte, Mark Harper, ha hecho pública una carta de 64 páginas en la que defiende la decisión porque hay “una serie de beneficios que pesan significativamente a favor del desarrollo” y admite que, como consecuencia, “habrá perjuicios en el patrimonio cultural y el entorno histórico”.
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